La Fiscalía ha quedado por las patas de los caballos luego de que el pillo de Jorge Barata, como representante de Odebrecht en el Perú, no declarara en el proceso que se le sigue a Ollanta Humala por el presunto delito de lavado de activos en perjuicio del Estado y de asociación ilícita para delinquir. Por eso, cabe la pregunta: ¿los fiscales fueron eficientes?
A Humala se le acusa de haber recibido unos 3 millones de dólares por parte de la empresa brasileña para los gastos de la campaña presidencial de 2011. Barata era colaborador eficaz y tenía que confirmar toda la información que le dio al Ministerio Público, por la que obtuvo ciertos privilegios: no ser acusado, salir del país y la anulación de embargo de bienes.
Es difícil no relacionar los aportes de la campaña presidencial de la constructora brasileña con la obtención de los proyectos de infraestructura de la vía evitamiento Cusco, vía Costa Verde Callao, los tramos 1 y 2 de la línea 1 del Metro de Lima y los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, entre otras obras millonarias del Estado.
Barata ha paseado a los fiscales Vela y compañía desde 2022, jamás se presentó a ninguna de cinco audiencias para testificar contra el exmandatario. Sin embargo, tras el acuerdo oculto del 2019 con la empresa corrupta, esta última pudo vender activos, seguir operando e incluso demandando al Estado (caso Chavimochic).
Ahora bien, sería torpe pensar que el brasileño pueda testificar en otros casos en nuestro país. A estas alturas del partido, la justicia peruana pierde por goleada y nadie se ha hecho responsable. La recuperación de parte de la reparación civil es un sencillo comparado al daño que la empresa le hizo al país. En Brasil, de igual manera, los procesos contra la empresa han quedado al borde del nocaut.
