Las movilizaciones de fines del 2022 e inicios del 2023, han sido básicamente en contra de la discriminación social y política existente en nuestro país.
El gobierno de Dina Boluarte se ha distanciado de los movilizados y las regiones andinas del país, del sur y de Puno, en especial.
La presidenta tiene la responsabilidad de trabajar por el bienestar de todos los peruanos pero en su ambición de poder ha cometido graves errores, alejándose de las provincias del país al punto que sus visitas son bulliciosamente rechazadas. En Ayacucho fue repudiada el último 21 de enero y lo mismo ocurriría en caso visite Puno en las festividades de la Virgen de la Candelaria.
El rechazo puneño a la presencia de la presidenta es general. Organizaciones sociales, folklóricas, comerciales, autoridades municipales y el gobierno regional han manifestado que la presidenta no está invitada a las festividades, aunque la Defensoría del Pueblo en Puno ha señalado que es oportuno que visite la región. Menos mal que entendió la negativa directa y ya no irá.
La agrupación folclórica “Centinelas del Altiplano” vinculada al Ejército ha manifestado que no participará del concurso de este año y la “Diablada de la Guardia Civil”, ha recibido manifestaciones de rechazo previéndose que, también se abstendrá.
La lectura obligada de este rechazo muestra un gobierno fragmentado y sin capacidad real de ejecución de políticas de Estado, si a ello sumamos la actuación desvergonzada del Congreso y la crisis económica que llegamos a revertir, caminamos velozmente a una situación sumamente grave. Es momento de abrir paso a fuerzas nuevas. Es la lección por ignorar las demandas populares.