El debate sobre el presupuesto nacional para el año 2025 ha concluido con la aprobación de una ley que destina 251,000 millones de soles. Se han priorizado sectores clave como Educación (48,000 millones), Salud (30,000 millones), Seguridad Ciudadana (15,000 millones) y Saneamiento (7,000 millones), lo que representa casi 100,000 millones de soles.
Sin embargo, y aquí radica el problema principal, estudios de instituciones como la Contraloría, la CEPAL, el BID, el BCR y el MEF, revelan que la corrupción e inconducta funcional se lleva del presupuesto casi un 10%; la incapacidad de gasto y devolución presupuestal alcanza un 15% en promedio; y la mala calidad del gasto público representa un 10% del mismo. En suma, casi 80,000 millones de soles, es decir, un tercio del presupuesto no se utiliza para los fines previstos.
A esta preocupante situación se suma el costo de la planilla del Estado, que asciende a 80,000 millones de soles. Ante este panorama, cabe preguntarse si el incremento del presupuesto tiene algún sentido si no se aborda la raíz del problema. De nada sirve destinar recursos a las regiones, gobiernos locales u obras públicas si persiste esta fuga de efectividad causada por la corrupción y la ineficiencia burocrática.
Es crucial que la clase política comprenda la urgencia de reformar el aparato estatal. No se trata solo de aumentar el presupuesto año tras año, sino de optimizar la gestión de los recursos públicos. Para ello, es fundamental incorporar profesionales y gestores públicos altamente capacitados, con visión de estadistas comprometidos con la eficiencia y la transparencia.
Solo así podremos garantizar que cada sol del presupuesto se traduzca en una mejora tangible en la vida de los ciudadanos.
