Presupuesto para la gente

El proyecto del Presupuesto del Gobierno para el 2018 ha sido acogido por dictamen en mayoría de la Comisión de Presupuesto del Congreso, a excepción de la Bancada de Nuevo Perú que presentó un dictamen en minoría.

El presupuesto del Ejecutivo remarca una política económica centralista, dependiente del mercado exterior, acompañada de un marco legal de contratación del Estado proclive a la corrupción.

El 74.2% del Presupuesto general y el 77% de la inversión pública está en manos del Gobierno Nacional; el resto se asigna a 25 gobiernos regionales y a casi 2000 gobiernos municipales. Esta situación torna inviable la descentralización del país. Un manejo del presupuesto según las necesidades de la población consideraría que el mayor efecto del gasto público se produce en las instancias locales.

Un segundo error grave es pensar en solo exportar minerales, particularmente cobre y oro, sin atender el desarrollo del mercado interno. No encontramos políticas de crédito adecuado para la diversificación de la producción ni el incremento del sueldo mínimo vital; así se dejan de lado las recomendaciones del FMI, del BM y del propio BCR.

Se promueve la inversión a través de la modalidad de asociación público privada (APP) y obras por impuestos, pero el Estado renuncia a su rol planificador y contralor.

Aunque la recaudación fiscal disminuye sostenidamente, se mantiene una política de exoneraciones, reembolsos y devoluciones tributarias. Planteamos la necesidad de una Reforma Tributaria. Quienes más ganan deben pagar más y se debe sancionar tanto la elusión como la evasión. Asimismo, es preciso acelerar los procesos judiciales de muchas deudas tributarias, garantizando la defensa adecuada desde el Estado