En un contexto de creciente tensión y críticas, los ministros del Gabinete Adrianzén han adoptado una postura defensiva, denunciando acoso, persecución y amenazas de golpe de Estado contra el Gobierno. Esta narrativa surge justo cuando la presidenta Dina Boluarte declara que permanecerá en el poder hasta el 2026, argumentando que “el pueblo eligió una fórmula presidencial y conforme a la Constitución eso se debe respetar”. Con estas palabras, Boluarte nos recuerda que fue elegida en la lista de Perú Libre, encabezada por Pedro Castillo, y que su gobierno es una continuación de la incapacidad de su predecesor para resolver los grandes problemas de los peruanos.
La retórica de los ministros, caracterizada por consignas que intentan justificar los errores del Gobierno, se ha convertido en su especialidad. Sus discursos, llenos de pretextos vacíos, reflejan una preocupante falta de compromiso con el servicio público. Esta actitud revela una realidad siempre presente: mientras haya quienes prioricen su seguridad personal sobre el bienestar de la gente, las verdaderas soluciones quedarán relegadas.
La prioridad del Gobierno debería ser clara: desarrollar planes y estrategias efectivas para poner fin al caos y la inestabilidad que afectan a los peruanos. La crisis actual no es un simple accidente; es el resultado de la impericia y la falta de visión de quienes están al mando del país. La incapacidad de la administración para enfrentar los desafíos no puede ser disfrazada con denuncias de conspiraciones y victimización.
