La democracia interna de los partidos ha sido un tema central en el debate académico y legislativo. En los últimos 22 años, la Ley de Organizaciones Políticas ha cambiado cuatro veces el sistema de elección entre precandidatos de los que finalmente serán candidatos, incluso con un modelo que nunca se aplicó (PASO). Hoy rigen tres modalidades, aunque solo dos se usaron en este proceso. Una reduce la intervención de la ONPE y no exige un mínimo de participación de afiliados, delegando la decisión a los delegados. La otra exige que al menos el 10% del padrón de afiliados vote para validar el resultado, con la ONPE conduciendo la jornada.

De las 39 organizaciones que participan, solo dos eligieron esta opción más abierta más democrática; una lo hizo por decisión propia y otra por mandato de la autoridad electoral. El resto optó por delegados. Esto resulta llamativo si se considera que el 72% por ciento (33) de los 43 partidos inscritos tiene apenas 3 años de vida orgánica. Surge entonces la pregunta de por qué no recurren a la participación directa de sus bases, aquellas mismas que hace poco tiempo reunieron miles de firmas para crear estas organizaciones. En la práctica, muchas primarias terminan funcionando como ejercicios de “dedocracia”.

Hoy, 30 de noviembre, se sabrá si los dos partidos que apostaron por un “militante un voto” logran alcanzar el mínimo requerido para competir en las EG2026. Aunque existen 2.2 millones de afiliados, es probable que solo unos pocos miles acudan a votar. La institucionalidad democrática requiere constancia, y en un país donde la constante son las dictaduras cívicas o militares, golpes de estados y autocracias, el desafío es no retroceder.