Si el gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha decidido actuar con energía frente a la minería informal y dejar de lado las presiones que ejerce a través de plantones, tomas de calles y vías, y las maniobras de ciertos congresistas afines a su actividad, todo esto con la finalidad de que se amplíe eternamente el fracasado Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), entiendo que en el Poder Ejecutivo sabrán qué hacer si las protestas crecen con el paso de los días y semanas.
Por estos días ya tenemos problemas no solo en los exteriores del Congreso, en el Centro de Lima; y del Ministerio de Energía y Minas, en San Borja, sino también en siete puntos de vías en las regiones Arequipa, Cusco, Ica y La Libertad, que han sido tomadas por los manifestantes, todo muy bien organizado y debidamente financiado por quienes tienen intereses en seguir operando al margen de la legalidad y, sobre todo, de los controles ambientales y laborales que rigen en todo país civilizado.
Hay que tener en cuenta que hace pocos días se ha anunciado que 50 mil solicitudes de registro ante el Reinfo han sido anuladas por el gobierno, y que los afectado con esta medida saludada por todos los sectores, no se van a quedar de brazos cruzados viendo cómo los sacan de una actividad económica muy lucrativa. Además, un detalle no menor es que cuentan con millonarios recursos como para movilizarse y generar problemas, como ya lo están haciendo. Ojo que el precio de la onza de oro sigue al alza.
Otro aspecto que debe tomarse en cuenta es que los mineros informales cuentan con el apoyo de partidos políticos y congresistas que van a la soñada reelección, quienes por unos cuantos votitos –y quizá por plata para la campaña– son capaces de cualquier cosa, hasta de ponerse delante de los escudos y las varas de los policías que vengan a desalojarlos, en estricto cumplimiento de la ley. Podemos, de propiedad de José Luna, es señalada como la agrupación que tiene mayores vínculos con la extracción al margen de la legalidad.
El lío con los mineros informales recién comienza, pero lo único cierto es que no puede haber marcha atrás por razones políticas, y menos electorales. A propósito, en medio de todo este prolongado conflicto no se ha visto la intervención de ninguno de esos izquierdistas que disfrazados de “ambientalistas”, suelen aparecer cuando se cuestiona a la minería formal y debidamente supervisada por el Estado. Ni quiera han salido a opinar ¿O es que creen que los informales no contaminan cuencas, valles, lagunas y ríos?
