En los últimos años, diversas políticas educativas han buscado proteger a los estudiantes como “sujetos de derecho”, prohibiendo sanciones que puedan considerarse punitivas o discriminadoras. Si bien la intención puede ser loable, el evitar castigos puede generar un efecto adverso: la sensación de impunidad frente a la violencia escolar.

Según un estudio de Unicef, América Latina y el Caribe constituyen las regiones mas violentas del mundo (fuera de los territorios en guerra). Algunos hallazgos importantes nos llevan a descubrir que las normas sociales que toleran la violencia son causas raíz de este flagelo. Según el INEI en el Perú, (2024), más del 80% de los niños y adolescentes peruanos han sido víctimas de violencia.

Hoy, muchos directores y docentes escolares sienten que no cuentan con reglas claras que les permitan actuar ante casos de agresión de diversa índole entre escolares. Cualquier medida correctiva se convierte en “excesiva” o contraria al derecho a la educación, mientras que las victimas y sus familias, son desprotegidas. El mensaje es meridianamente claro: un estudiante puede golpear, humillar o agredir a un compañero y salir ileso de la situación, sin enfrentar consecuencias legítimas.

La remediación de las faltas no pasa por la tolerancia o la pasividad. Toda sociedad necesita normas claras, y sanciones proporcionales y justas que nos permita enseñar a los niños y jóvenes que toda acción genera una reacción y que toda falta, genera una sanción. La escuela, como espacio de formación en ciudadanía, no puede claudicar a esta responsabilidad y esto no significa un llamado a la violencia, sino a la aplicación de sanciones ejemplares que no destruyan, sino que reparen.

En tiempos donde la violencia juvenil y el desborde de violencia en las ciudades es una de las mayores preocupaciones, pretender que la escuela sea un espacio sin consecuencia es condenar a los estudiantes a formarse sin ningún grado de responsabilidad. Educar también implica corregir y, corregir, requiere sancionar. La disciplina no es enemiga de la formación, es condición indispensable para formar verdaderos ciudadanos. La convivencia se construye con valores, pero también con limites claros. La impunidad es la antesala de la intolerancia y la falta de civilidad.