El Congreso de la República ha iniciado en los últimos días una ofensiva contra la libertad de prensa. Hace poco días la bancada de Renovación Popular presentó un proyecto de ley para que solo los periodistas con título y colegiados ejerzan la profesión en los medios. Luego, la Comisión de Justicia del Legislativo aprobó un predictamen para aumentar las penas por difamación y calumnia en medios, redes sociales y páginas web. Esta iniciativa legal fue presentada por Perú Libre y es apoyada por Alianza para el Progreso y Renovación Popular.

Es evidente que los congresistas que respaldan estas medidas solo demuestran un talante autoritario. Lo primero atenta contra el libre ejercicio del periodismo, tal como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo segundo es una velada amenaza a los periodistas ya que facilitaría las demandas por difamación.

El Congreso, desacreditado por sus propios escándalos y gruesos errores, es una de las instituciones más rechazadas del país. La prensa no tiene culpa de ello. Por lo tanto, atacarla y demonizarla solo demuestra una intolerancia contra la libertad de expresión.

Es cierto que la relación entre la prensa y el Congreso siempre genera tensiones. Sin embargo, en una democracia esto es natural. Lo que está mal es que desde una posición de poder se intente vetar, prohibir y sancionar para que los periodistas no cumplan su labor de informar y opinar con irrestricta libertad.

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