Tras el 7 de diciembre del 2022 y la vacancia de Pedro Castillo, los comuneros que eligieron a un presidente como ellos, se movilizaron en defensa de su voto y respeto al ejercicio de su ciudadanía, históricamente, excluidos y discriminados.
Las autoridades políticas y policiales se instalaron en el aeropuerto Manco Cápac de Juliaca, restringiéndose la comunicación aérea. Las movilizaciones, de las que fui testigo, masivas, cívicas y pacíficas, se dirigieron al aeropuerto porque buscaban ser escuchados y atendidos por las autoridades allí refugiadas.
Reanudadas las movilizaciones, el 9 de enero del 2023, la fortísima represión costó 17 muertes por armas de guerra. Hubo asesinados lejos del aeropuerto, otros no eran manifestantes, como el joven médico Marco Antonio Samillán que murió baleado cuando intentaba atender heridos, vestido como personal de salud.
Los puneños fueron acusado de incendiar un auto policial con un efectivo dentro, el suboficial de segunda PNP José Luis Soncco Quispe. La presidenta Dina Boluarte, el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ministros, congresistas y voceros policiales sostuvieron que “fue quemado vivo por los manifestantes, en un acto de barbarie”.
El 3 de setiembre del 2025, el Juzgado Penal Colegiado Supranacional Permanente de Juliaca, ha condenado a 35 años de prisión efectiva al expolicía Erubiel Apaza Uturunco por el asesinato del suboficial Soncco Quispe.
Esta sentencia confirma que las autoridades acusaron, sin pruebas, a los ciudadanos puneños de delitos que otros cometieron.
Siguen pendientes las disculpas que el gobierno debe ofrecer porque, definitivamente, “esta democracia ya no es democracia”.
