Conforme la abrumadora doctrina del derecho constitucional, el Golpe de Estado es el proceso violento para tomar el poder. Sin esta premisa, queda descartado que lo sea. En el Estado todos quieren tenerlo pero solo lo cuentan aquellos que lo recibieron por la voluntad del soberano que es el pueblo. Detentarlo, es decir, conseguirlo sin su aquiescencia, es usurpación, constituyéndose técnicamente el quebrantamiento del orden constitucional, siempre valiéndose de métodos violentos o de imposición, pues aunque no haya un acto violento o coactivo, puede serlo por imperio de la amenaza del uso de la fuerza que es coerción, y finalmente lo mismo. Ese es el exacto carácter del golpe de Estado en el que, además, toda la voluntad popular ha sido secuestrada al superponerse la voluntad de los que querían el poder a cualquier precio. El golpe de Estado se realiza para tener control efectivo y absoluto del poder desapareciendo el denominado equilibrio de poderes, propio de los sistemas democráticos con imperio del derecho. La única manera de identificar que se haya producido un golpe de Estado es verificar si la Constitución ha sido atropellada y todos los actos de iure o de derecho han sido pisoteados por los actos de facto que terminan imponiéndose. Aquí es irrelevante el criterio de calificación surgido de la carga política que termina siendo dominada por la subjetividad aunque sea racional o coherente. Erradamente se cree que el golpe de Estado es una desquiciada aventura de los militarismos que superponen el capricho de los tanques para decidir el destino del Estado. Es una verdad a medias pues muchos civiles también lo han llevado adelante. Tampoco es cierto que el golpe de Estado solo lo consuman los que quieren el poder que no cuentan. También lo realizan quienes teniéndolo son intolerantes a las reglas de la democracia que no las resisten. Los golpes de Estado son en esencia actos de facto porque jamás pueden ser amparados por la ley. Siempre son identificados por la ejecución de hechos. Como profesor de Derecho y con la Constitución en la mano, ni la disolución del Congreso por Vizcarra ni su cuestionada vacancia, constituyen un golpe de Estado, nos guste o no.