El Perú es un país que enfrenta múltiples situaciones de emergencia: la pandemia, sismos, inundaciones, sequías y en cada una de ellas, la mirada se dirige al Estado para que prevea y atienda las necesidades de las personas afectadas. Lo mismo en el caso de problemas sociales y políticos. Cualquier nivel de atención requiere de recursos. Sin ingresos suficientes no hay forma de atender necesidades.

Los límites de la capacidad estatal afloran con los recursos económicos escasos y éstos resultan de la recaudación tributaria. Las diversas funciones del Estado, legales, administrativas, de inversión y redistributivas necesitan una efectiva capacidad de recaudación tributaria a la que se llama presión tributaria.

Mientras en el Perú llegamos a un 14% de presión tributaria, el promedio de los países de América Latina es 22%, en Austria, Francia y Dinamarca por encima del 45%, Estados Unidos en 25%. Los países con una recaudación tributaria menor al 10% son considerados “Estados fallidos”.

Por décadas el país ha entregado concesiones de nuestros recursos a la inversión privada, nacional o extranjera, bajo condiciones tributarias excepcionales con los llamados “contratos de estabilidad tributaria”. Avanzar en construir un país en democracia exige revisar esos contratos y modificar el marco constitucional que los permite. La inversión privada es bienvenida siempre bajo reglas claras y pagando los impuestos que corresponde y necesitamos.

Requerimos instituciones sólidas que no permitan las tropelías de empresas que por años judicializaron sus deudas tributarias y resultan premiadas por el Tribunal Constitucional al eliminar moras y multas de esos impuestos que pagarán en soles devaluados.

Necesitamos construir un Estado con recursos necesarios para brindar a todos sus ciudadanos educación, salud e infraestructura de calidad, con igualdad de oportunidades para todos. Es parte del mensaje de las movilizaciones ciudadanas que vivimos.