En reiteradas oportunidades he expresado mi preocupación por la precarización de la Carrera Pública Magisterial: del total de docentes en actividad nos estamos acercando al 50% de profesores contratados. Entre otras razones porque en los concursos, de 220 mil maestros postulantes a la primera escala el ingreso promedio es alrededor de 4.5 % (el 2019 ingresó no más del 2.5%). Esto a pesar de una ley que establecía concursos anuales del 2018 al 2022.
Por eso hemos reiterado la conveniencia de revisar y mejorar los procesos e instrumentos de evaluación de nombramiento para que sean confiables y midan realmente aquellas “competencias que son necesarias para el ejercicio de una docencia de calidad e inclusiva”.
Creo que el Ministerio de Educación por fin está mejorando el proceso, las pruebas y las calificaciones del concurso (RVM N° 0081-2022 del 29 de junio). En este documento veo cambios interesantes: i) la prueba nacional será en 2 momentos diferentes y considera habilidades generales (25%) y conocimientos pedagógicos, curriculares y de la especialidad (75%) y ii) la prueba descentralizada en una institución educativa que evalúa competencias pedagógicas (entrevista 10%, actividad de aprendizaje 50%) y trayectoria profesional (40%).
No son suficientes estas modificaciones en el concurso. Es fundamental que los evaluadores y decisores actúen con solvencia técnica y ético-moral, así como sin ningún favoritismo amical, familiar, ideológico y político partidario. Que prime el mérito profesional y la alta calidad docente.
