El viernes último por la noche, en San Martín de Porres, dos delincuentes atacaron con un explosivo a una cúster con pasajeros y dejaron gravemente herido al chofer de nacionalidad venezolana; y dos días después, en Chorrillos, balearon un ómnibus que también iba con usuarios, lo que deja en claro que la criminalidad en la capital está desbordada y que cualquiera puede morir por el simple hecho de subir a una unidad de transporte público.
Ambos ataques fueron cometidos por extorsionadores en moto, a pesar de las restricciones que con mucho ruido se hicieron a este tipo de desplazamientos en vehículos menores, pero más allá de eso, lo cierto es que las autoridades parecen haberse rendido en la lucha contra la criminalidad. Dónde se ha visto que los pasajeros de un ómnibus tengan que tirarse al piso y debajo de los asientos para no ser alcanzados por las balas.
Y que no venga la presidenta Dina Boluarte a decirnos que está trabajando por la seguridad, si acaba de premiar a Juan José Santiváñez, quien ya fracasó como ministro del Interior en la lucha contra el delito, como titular de Justicia y Derechos Humanos.
La extorsión está incontrolable en el país, y algo se debe hacer, pero está claro que tendrá que ser en el próximo gobierno, pues el actual ya tió la toalla o simplemente no le interesa. Mientras tanto, lamentablemente, los peruanos tendrán que tirarse al piso y esconderse para no ser alcanzados por una bala o la onda expansiva de un explosivo.
