Por acuerdo del Consejo de Ministros (salvo el del ministro de Economía) se presentó un proyecto de ley para consultar en las elecciones del 2 de octubre, la convocatoria “a una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución”.

Esta consulta requiere de una modificación constitucional la cual necesita de dos legislaturas para su aprobación y, por ello, deviene en extemporánea pues las elecciones regionales y municipales están previstas para octubre. Pero, sobre todo porque no existe voluntad política en las fuerzas del Congreso para modificar la actual Constitución.

Sostienen que no necesitamos una nueva Constitución, que no es oportuna por la crisis económica pospandemia y el alza de precios de alimentos y combustibles por la guerra entre Ucrania y Rusia, que como ya tenemos 12 constituciones no necesitamos una nueva y que esta Constitución nos ha llevado al crecimiento económico, entre otras razones.

La pandemia con la deficiencia en servicios públicos y la indignante desigualdad vivida, muestran los obstáculos que la actual Constitución plantea. Los momentos constituyentes resultan de confrontaciones y crisis políticas, en que se prioriza los problemas y temas de interés social. En nuestra situación el debate requiere explicar las razones para lograr un nuevo pacto social fundamental, una nueva Constitución.

Una propuesta de economía y sociedad de largo plazo necesita planificar, recursos, esfuerzos y beneficios, y actualmente es una palabra ausente en la Constitución de 1993.

El artículo 66° señala que los recursos naturales son patrimonio de la Nación, sin embargo, cuando se entregan en concesión también se les entrega la propiedad a los inversores. Se necesita modificar esta situación.

¿Por qué el Estado no puede desarrollar empresa? Lo prohíbe la actual Constitución cuando se le debiera permitir competir en igualdad de condiciones. La privatización mostró su lado más oscuro en pandemia. Recordemos el caso del oxígeno y las medicinas.