La construcción de todo tipo de infraestructura a escala nacional ha sido otro de los grandes fracasos de gestión del Estado peruano.

Sea por corrupción, simple ineficiencia o excesiva burocracia, de forma persistente los organismos creados para avanzar en este aspecto crucial para el desarrollo del país han fracasado estrepitosamente. Como ahora, los desastres naturales han motivado que se creen organismos especiales con fines específicos como el Forsur (tras el sismo de Ica) o la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) (tras el Fenómeno del Niño de 2017 en el norte del país) que han servido de poco o nada, como se hace evidente ahora, para prevenir o mitigar los efectos de fenómenos climatológicos que son recurrentes y al que las autoridades le prestan atención cuando ya los tienen encima.

Es parte también del gran fracaso que experimenta la descentralización del país pues no solo son puentes, pistas, carreteras o drenajes los que se han dejado de construir sino colegios y hospitales que estaban a cargo de gobernadores ineptos o corruptos, muchos de los cuales están en prisión o están siendo procesados como Gregorio Santos o Vladimir Cerrón.

Países vecinos como Colombia o Chile nos siguen llevando una ventaja de 20 años de un problema identificado desde los años 80 y que ningún gobierno ha podido corregir ni medianamente. De hecho, la dispersión ha sido una tara constante, ha contribuido consistentemente al desorden reinante y le ha dado armas eficaces a los desalmados que ven al Estado como un botín. Acordémonos sino del Puente Tarata o de exministros como Juan Silva o Geiner Alvarado. ¿Será una solución la anunciada Autoridad Nacional de Infraestructura? No es un problema de nombres. La única experiencia exitosa en ese sentido la lideró Carlos Neuhaus cuando, contra el tiempo, acabó con la edificación de las obras necesarias para los Panamericanos de Lima 2019.

Su nombre, su modelo y su gestión deberían servir para la entidad en ciernes y que, sin duda, debería aglutinar todas las obras de gran envergadura, dejando de lado a ministerios obtusos y gobiernos regionales coimeros. Una entidad eminentemente técnica de la que habrá que asegurar, de una vez por todas, su eficacia.