Esta semana, el Congreso de la República aprobó —con 69 votos a favor— la reconsideración del proyecto de ley que plantea el retorno de la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores, permitiéndola por una única vez.

Si bien la iniciativa establecía que esta reelección no aplicaría para las elecciones regionales y municipales de 2026 (ERM 2026), persistía la posibilidad de que durante el debate parlamentario se introdujera una modificación que habilite a las actuales autoridades a postular nuevamente. Sin embargo, con el cierre de la presente legislatura, esta alternativa ya no tiene margen para prosperar.

La reforma, como he señalado anteriormente, es necesaria. El punto clave de ella es comprender que la elección de alcaldes y gobernadores responde a un voto directo: el ciudadano elige a una persona, le da su respaldo con nombre y apellido, y tiene también la potestad de retirarlo en la siguiente elección. Esa capacidad de premiar o castigar con el voto es, precisamente, la base de un sistema democrático robusto.

En las democracias consolidadas no existen restricciones a la reelección de autoridades subnacionales. Lo que hay es un principio fundamental: el derecho del elector a evaluar, decidir y ejercer soberanía con información. En ese sentido, el retorno de la reelección —con límites razonables— no solo fortalece la rendición de cuentas, también empodera al ciudadano como el verdadero juez de una gestión.