Hay crisis en la minería enfocada, desde el Estado, como un problema de informalidad de pequeños y medianos que no tributan ni pagan beneficios laborales, de ilegalidad, que no respetan derechos de titulares de denuncios o porque desarrollan minería en áreas prohibidas.

El Reinfo es una “amnistía” encubierta, porque quienes están en él no son pasibles de sanciones, incluidas las penales.

Muchos de los titulares de denuncios, amparados en el artículo 66° de la Constitución Política y la legislación minera, trafican, especulan, acaparan y pagando una tasa de vigencia anual de entre $ 0.50 y $3.00 por hectárea.

La crisis se agrava por la actuación de bandas criminales, sicariato, trata de personas, extorsión, actos de terrorismo en la disputa de territorios, sobreexplotación de trabajadores mineros y contaminación ambiental.

Necesitamos una reforma minera que establezca como requisito fundamental la explotación minera para otorgar las concesiones.

La “reforma minera” debe obligar a los titulares de denuncios a trabajar directamente las minas sin tráfico, arriendos ni subarriendos, así como mantener la prohibición absoluta de realizar actividades mineras en zonas arqueológicas, históricas, reservas naturales y cabeceras de cuenca.

El Estado requiere implementar la compra de oro a fin de disminuir drásticamente la criminalidad durante el transporte, implementar “canchas de relave” y “procedimientos no contaminantes”, para reducir la contaminación. No comprar oro de áreas prohibidas o reservadas.