Una mañana de los primeros días de noviembre del año 2016, siendo jefe de la División de Combustibles de la Policía Nacional del Perú (PNP), fui convocado por el director general para informarle sobre el funcionamiento del Sistema Multiflota para el control de abastecimiento de combustible.
En casi dos años consolidamos una buena práctica de gestión pública, y pese al incremento de vehículos policiales en Lima y gran parte del país, se ahorraron 23 millones de soles cautelando los recursos del Estado.
Días después fui pasado al retiro junto con 790 Oficiales por “Renovación Excepcional”. La Alta Dirección del Ministerio del Interior, la consideró como un logro de gestión. Pero los criterios empleados no fueron conocidos. Se vulneraron derechos fundamentales como el debido proceso y la presunción de inocencia; la norma que sustento este procedimiento fue derogada posteriormente, pero ya estábamos afuera.
La renovación es un proceso posterior a los ascensos y tiene por objeto determinar qué oficiales que no tienen posibilidades de ser promovidos, considerando su antigüedad y especialidad.
Desde fines del 2012 el Tribunal de Disciplina Policial, órgano no policial, decide el pase al retiro de los policías que cometen infracciones disciplinarias y la PNP de aquellos que tienen exceso de sanciones. Se debe revisar entonces la eficiencia del sistema disciplinario.
Los sucesivos gobiernos emplean la renovación como medio de depuración basados en criterios discrecionales y subjetivos, sin que esta medida tenga impacto en la seguridad ciudadana. En los próximos días, según se anuncia, cientos de oficiales serán pasados al retiro por “renovación excepcional”; como consecuencia los afectados harán valer sus derechos ante los tribunales, y lo más probable es que muchos sean reincorporados.
