La presidenta Dina Boluarte, primera mujer en ejercer tan alto cargo en el Perú, se ha convertido en la socia o aliada menor de un conglomerado de fuerzas políticas conservadoras, en el que no tiene ninguna capacidad de imponer sus criterios u opiniones.
Las organizaciones y partidos políticos son particularmente débiles en nuestro país, por la sistemática demolición que implementó el fujimorismo desde del autogolpe del 5 de abril de 1992. La Constitución de 1993 promueve el individualismo y posterga el accionar colectivo como base de la sociedad, e intentó debilitar a los sindicatos, colegios profesionales y agrupaciones políticas.
La candidatura de la fórmula presidencial de Pedro Castillo y Dina Boluarte, fue elegida con una propuesta de cambio, de izquierda, de compromiso con los sectores populares que hace ya varios procesos electorales buscan un país más justo, sin discriminaciones ni explotación del hombre por el hombre.
Boluarte, abogada de profesión y funcionaria del RENIEC, declaró en los primeros meses de gobierno, antes del 7 de diciembre, en Juliaca: “si Pedro Castillo es vacado, me voy con él”.
Producido el iluso intento de golpe de Estado, Boluarte, si bien asumió constitucionalmente la Presidencia de la República, inmediatamente cambió de postura política hacia posiciones conservadoras.
Pasó a ser socia y débil aliada menor de la derecha peruana que controla el Congreso, subordinada porque no tiene base organizativa propia. Es mantenida en la Presidenta mientras les sea útil, sin capacidad de desarrollar posiciones propias.
No tiene ninguna posibilidad de implementar cambios. Solo le queda, en un acto de dignidad, presentar su renuncia y dar paso a un adelanto de elecciones. La derecha la mandará presa cuando sienta que ya no les es útil.