A pocos días para el plebiscito constitucional de salida en Chile, continúa el debate sobre su declaración como un Estado plurinacional. Una nueva comunidad política compuesta por un Congreso con representación de los denominados pueblos originarios. El antecedente es la Constitución boliviana donde lo plurinacional es obligado fundamento para toda institución pública.
La pregunta es si la representación parlamentaria se conforma reconociendo diversas nacionalidades en un hemiciclo, o más bien para el debate, propuesta y aprobación de temas de interés político. Si los asuntos que competen “a todos deben ser aprobados por todos los ciudadanos”, los partidos nacionales deben contar en sus filas con parlamentarios que representen todos los territorios.
Si la concepción de una representación plurinacional es lo relevante del funcionamiento parlamentario, si opera con intereses ideológicos convertirá al Congreso en una institución proclive a reivindicaciones, revanchas y con leyes más orientadas al bien particular que el bien común. El sentido de un Congreso, al margen del origen histórico, cultural y social en los diversos territorios es la acción de su representación política en favor de intereses en común.
En efecto, la discusión y fiscalización estatal para cumplir con llevar los servicios de agua, luz, desagüe, salud y educación en todo el país; así como proyectos de ley que promuevan la aprobación de políticas públicas en favor de las poblaciones vulnerables que fomenten su inclusión al pleno desarrollo. La vía para resolver la amenaza o afectación contra los derechos humanos, como la discriminación cultural, social, étnica y participación política deben resolverse en el poder judicial.
