El Ministerio Público vuelve a estar en el centro de la tormenta. Esta vez, por una decisión que marca un nuevo giro en el enredo institucional: el Poder Judicial ha suspendido por dos años a Patricia Benavides en su calidad de Fiscal Suprema, impidiéndole así regresar como Fiscal de la Nación, tal como había ordenado recientemente la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Un movimiento que, lejos de cerrar el capítulo, añade más tensión a una institución ya desgastada por luchas internas y una profunda pérdida de legitimidad.
La decisión del Poder Judicial puede ser objeto de críticas, análisis y debates jurídicos. Eso es parte de la democracia. Pero también es cierto que, en un Estado de derecho, las resoluciones judiciales deben respetarse y acatarse. No porque estén exentas de error, sino porque la justicia —como institución del sistema democrático— existe precisamente para evitar que impere la ley del más fuerte o del más hábil en manipular el poder.
Es inevitable que esta decisión genere un nuevo capítulo de tensiones dentro del Ministerio Público. Pero no podemos permitir que las instituciones se conviertan en campos de batalla personalistas ni que los funcionarios se amparen en el caos para deslegitimar a la justicia. Si algo necesita hoy el país es orden institucional y respeto a las reglas del juego, aun cuando los fallos judiciales no se ajusten a nuestras expectativas políticas o emocionales.
