Una viñeta de Mafalda que recuerdo decía: “si un país se gasta, ¿a dónde lo tiran?”; pregunta que, hoy en día, sigue siendo relevante. Las crisis económicas son detonantes de inestabilidad política e incluso cambios y afectaciones constitucionales. La respuesta es que una comunidad política puede asociarse con otros estados para integrarse en un proyecto conjunto que mejore su economía y genere bienestar general. El extremo opuesto sería ser invadido o dividido por otros estados después de una guerra, terminando como parte de sus territorios o funcionando como satélite que protegiera sus intereses. La opción intermedia sería la mediación y asistencia internacional para su reestructuración o, lo contrario, su aislamiento, la necedad para no corregir el rumbo y, lo peor, el olvido de la comunidad internacional.
La coyuntura más dramática y frustrante será la indiferencia o incapacidad de la comunidad internacional para ayudar sin interferir; brindar una opinión sin afectar las relaciones políticas bilaterales y, con ellas, las comerciales. Ante esto, el reconocimiento del derecho de insurgencia por los estados, que legitima a los ciudadanos a defender el orden constitucional contra cualquier gobierno usurpador, debería ser acogido por la comunidad internacional contra todo régimen que viole la alternancia democrática. Si la máxima protección a los derechos humanos consolidó la jurisdicción supranacional con cortes en África, Europa y América, es necesario estudiar las condiciones, procedimientos y límites razonables para poner fin a los regímenes de ciertos estados que, perteneciendo a las Naciones Unidas, sucumben en la tiranía. Una respuesta para Mafalda, pero todavía sin discutir e implementar.
