Poner en el mercado sanitario un lote de suero fisiológico sin el debido control de calidad ha generado una tragedia mayor que no debe ser un precedente aceptado. Exige un cambio radical en el control de los medicamentos. Hay cinco muertos y muchas víctimas con daños irreversibles. Es un desastre que el mismo ministro de Salud aceptó ante la Comisión de Salud, que tiene varios meses y no tomó las medidas para impedir la catástrofe. Ante la Comisión debió enfrentar serios cuestionamientos a su gestión. La responsabilidad política existe más aún en un sector donde se juega la vida de millones de peruanos. De ahí el pedido de una seria investigación acompañada de la renuncia. Bajo advertencia de interpelación y censura. El ministro no encontró mejor reacción que anunciar la separación inmediata de la directora general de la Digemid nombrada un día antes, pretendiendo garantizar una transparencia que no ha existido hasta ahora en su sector. Se trata de un cargo de confianza y nadie le discute su atribución de poner y sacar los funcionarios que considere pero hay formas y procedimientos, ningún Ministro ni representante, ni siquiera el presidente de un poder del Estado puede actuar con arbitrariedad, menos aún atropellando derechos públicamente como ha sucedido con esta destitución ad hoc, para salvar su cabeza. Un maltrato que no debemos dejar pasar por el irrespeto que significa para la función pública y a la dignidad. A la gravedad del escándalo el ministro agregó el irrespeto a una funcionaria que pudo ser cambiada guardando las formas y respetando el debido proceso. Penosa reacción cuando están en juego muertes inocentes e intereses comerciales que merecen más que reacciones primarias y arbitrarias de salvación personal. Puede decir lo que quiera pero no evadir su responsabilidad.
