Esa bomba de tiempo que eran los penales y que de todas maneras iba a estallar conforme avanzaba el coronavirus en el país, reventó el lunes último en diferentes cárceles del país. Se habían hecho las advertencias sobre la necesidad de adoptar medidas en reclusorios hacinados donde sería imposible mantener el aislamiento a fin de evitar contagios. Sin embargo, en un inicio, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se contentó con decir que no había casos de infecciones.

A 44 días de la declaratoria de emergencia, en un solo día, hubo motines en diferentes cárceles de Lima y provincias. El más grave sucedió en el penal “Miguel Castro Castro”, uno de los más hacinados del país, donde inicialmente se negó el fallecimiento de algún interno. No obstante, ayer por la mañana, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reconoció nueve muertes producto de los actos de violencia. Mientras tanto, 60 agentes penitenciarios y 5 policías quedaron heridos.

Pero el problema no son solo los internos, a quienes el Estado debe proteger por más que no sea popular afirmarlo ni hacerlo, sino también los servidores penitenciarios encargados de mantener el orden y la seguridad dentro de los penales. Los trabajadores del INPE han salido muchas veces a protestar, debido a que no tienen garantías mínimas para evitar los contagios que ya han cobrado la vida de cinco de sus compañeros.

Si de por sí los penales del Perú son un problema donde reina el hacinamiento, la corrupción, la falta de atención médica y la lentitud de los procesos judiciales, todo esto se ha agravado con el riesgo que sienten los internos y empleados del INPE de contagiarse. Mucho se ha hablado de indultar a un grupo de reclusos que cumpla ciertos requisitos, pero hasta el momento no hay cifras significativas que permitan descongestionar los reclusorios.

Cuidado con que situaciones como las de Castro Castro puedan replicarse en el vecino penal de Lurigancho, que ayer casi se enciende; Piedras Gordas, El Milagro (Trujillo) o Picsi (Chiclayo), donde ya se han reportado motines con motivo de la expansión del coronavirus. Las advertencias estaban dadas desde hace semanas, pero poco o nada se hizo, al extremo que recién se están entregando mascarillas. Todo esto debería ser explicado al país por el Poder Ejecutivo.