Lo que ha generado el reciente secuestro de los periodistas de Cuarto Poder no es tanto la impronta abusiva e ilegal que puede surgir cuando el poder se ostenta de manera omnímoda y sin supervisión sino el doble estándar que la izquierda vuelve a poner de manifiesto cuando de defender su ideología se trata.

Así, se ha recurrido a factores interculturales o sociológicos para justificar lo que sencillamente es un delito escandaloso. No se trata de satanizar a las rondas y sus criterios de justicia comunal que cumplen un rol ancestral sino de incidir en que este rol no puede sobreponerse a la justicia penal de ámbito nacional sobre la cual no hay extraterritorialidad. Dentro de esas opiniones antojadizas y sesgadas sobresale la de la exministra Mirtha Vásquez, que ha señalado que las rondas pueden detener de acuerdo a sus atribuciones y ha apelado al Acuerdo Plenario de la Corte Suprema del año 2009, que buscó dilucidar ciertas acciones controvertidas de las rondas. Pero como existe una amnesia selectiva en cierta izquierda, Vásquez ha “olvidado” señalar que ese acuerdo prohíbe: 1) Privar la libertad sin causa ni motivo razonable, 2) Las agresiones irrazonables e injustificadas a las personas intervenidas, 3) La violencia, humillaciones o amenaza para que declaren en uno u otro sentido, 4) Los juzgamientos sin un mínimo de posibilidades de ejercer la defensa, entre otras limitaciones. Aún peor, el secuestro, tortura y vejación de las mujeres acusadas de hechiceras ha terminado por lapidar esas justificaciones sesgadas. Por ello, detener y sancionar a los ronderos de Chadín será una decisión ejemplar que no debería tardar en concretarse salvo que, como parece, existiese la intención de revestir este caso de un manto de impunidad.