Los políticos John Locke (inglés 1632-1704) y Charles Louis de Secondat “Montesquieu” (francés, “El espíritu de las leyes”, 1748) son considerados los padres del liberalismo republicano al plantear la necesidad del autocontrol de los órganos de poder y evitar la concentración de poderes a través del sistema de división de poderes.

Nuestro sistema republicano identifica tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial definidos constitucionalmente, además de varias instituciones que gozan de autonomía: Banco Central de Reserva, Superintendencia de Banca y Seguros, Contraloría General, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC, ONPE entre otras.

La actual Constitución carece de un adecuado diseño de equilibrio de poderes. Tanto el Poder Judicial como los órganos de control, con limitada autonomía, están supeditados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo. El diseño de contratación de la obra pública con el sector privado es proclive a la corrupción.

La mayoría política del Congreso, sin pudor alguno, está modificando las normas buscando concentrar aún más el poder y colocar a los organismos electorales (JNE, RENIEC, ONPE) y de justicia (Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, Ministerio Público), bajo su control, rompiendo el equilibrio de poderes y desgastando, aún más, la precaria institucionalidad construida.

Pese a que nuestra sociedad está débilmente organizada por la ausencia de instituciones y organismos colectivos de discusión, decisión y acción, es imprescindible frenar la acción irresponsable del Congreso. Lamentablemente los medios periodísticos, en su gran mayoría, están sometidos a los grupos de poder económico y callan frente a esta arremetida.

De continuar esta tendencia retrocederemos en la construcción de una sociedad y Estado que combata la corrupción y el abuso del poder, alejándonos cada vez más de la posibilidad de construir una sociedad más justa, libre y con igualdad de oportunidades para todos.