Un grupo de parlamentarios logró las firmas necesarias para que se admita a trámite una moción de censura contra el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, por su demora en reaccionar a la serie de denuncias periodísticas que advertían que el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma entregaba alimentos no aptos para el consumo humano a los menores más pobres y más vulnerables del país.
El primer reportaje de Latina dando cuenta sobre cómo una empresa pagaba a funcionarios de diversas entidades para que los productos de mala calidad se sigan entregando a niños, niñas y adolescentes pobres fue emitido el 6 de octubre y recién el pasado jueves, 21 de noviembre, se logró una reacción del Parlamento.
Si bien esperamos que esta vez por fin se sancione la responsabilidad política de un ministro, recordemos que hubo casos como el del ministro de Educación, Morgan Quero, sobre las violaciones a niñas awajún: o el del indefendible Juan Santiváñez que, pese al revuelo que sus dichos causaron, sigue como titular del Interior.
¿Dónde está el límite para el Congreso? ¿Será el envenenamiento a los más pobres y vulnerables del país a cambio de dinero el punto de inflexión o estamos ante una nueva andanada de disparos de salva que solo servirán para hacer bulla y luego caerán en el olvido?