Los episodios de violencia en las carreteras están añadiendo una dramática crispación en nuestro país. Deberían ser tiempos de paz, unión y esperanza, pero ocurre todo lo contrario. Las protestas de los agricultores en Ica y el norte del Perú han escalado a enfrentamientos con la policía. En el sur la situación es más compleja porque los manifestantes hasta incendiaron una ambulancia, además de generar un vía crucis a miles de pasajeros varados. El rechazo de los trabajadores de empresas agroexportadoras a su realidad laboral es muy válido y sus demandas deben ser escuchadas, pero es peligroso caer en el descontrol y caos.

Es evidente que este panorama eleva más la temperatura política y social. Lo que es lamentable es que los gritos, desmanes, pedradas y gases se impongan a la razón. Parece que nada se calmará hasta que haya una nueva ley de promoción agraria, pero es urgente un espacio que produzca vínculos e intercambios de opiniones entre agricultores, el Gobierno y el Congreso.

Recordamos que a inicios de este siglo, el expresidente Valentín Paniagua decía: “Necesitamos un nuevo contrato social para el siglo XXI, en el que participen personas, instituciones y todos los componentes de la sociedad bajo preceptos de tolerancia y rechazo a cualquier tipo de violencia”. Creemos que esa es la solución para muchos problemas en el Perú. Sin embargo, creemos que cuando la intransigencia y la violencia se desbordan, el Estado está en la obligación de actuar a través de la Policía Nacional con los instrumentos que le da la ley. Sí a la protesta y al reclamo, pero no al chantaje ni al vandalismo.