Si ya era un escándalo que más de la mitad de los presidentes de comisiones del Congreso carguen con denuncias de recorte de sueldos, organización criminal o corrupción, lo sucedido con la designación de Elvis Vergara como titular de las comisiones de Ética y Fiscalización desborda cualquier límite de tolerancia. Poner a un investigado por el caso de los “Niños” al frente de los órganos llamados a garantizar la moral parlamentaria y el control político es un insulto a la inteligencia ciudadana.
¿Se puede confiar en la comisión de Ética para buscar transparencia y sancionar conductas indebidas? La respuesta es obvia: no, si quien las preside enfrenta serias acusaciones de corrupción. Esta designación no solo mina la credibilidad del Parlamento, sino que ratifica la percepción ciudadana de que el Congreso se ha convertido en un espacio de autoprotección y blindaje antes que en un poder del Estado al servicio del país.
El colapso moral del Congreso no es un discurso exagerado, sino una realidad palpable. Ni siquiera el propio partido de Vergara, Acción Popular, ha querido respaldar su nombramiento. Por el contrario, ha emitido un comunicado donde exige que esa responsabilidad recaiga en un congresista libre de cuestionamientos legales y éticos. Que un partido político de tradición histórica rechace públicamente a uno de los suyos revela hasta qué punto el Legislativo ha perdido todo sentido de pudor.
