Tras el 11 de abril, la disputa presidencial será entre Pedro Castillo, de Perú Libre y, probablemente, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Con menos del 20% de la votación, tienen escasa legitimidad.
Estas elecciones expresan el reclamo ciudadano ante la incapacidad del Estado para brindar los servicios básicos a la población. Sin fuerza para hacer cumplir las leyes, los gobiernos anteriores lo redujeron cuanto pudieron.
Por eso, este modelo económico, el de la Constitución de 1993 -neoliberal extrema, de culto a la inversión privada y de flexibilización laboral-, debe cambiar. Elecciones pasadas han advertido la necesidad del cambio, y es preciso oír a la población.
Un Congreso fragmentado dificulta el diálogo y la concertación, pero una propuesta de campaña debe respetarse: el cambio de la Constitución. Desde Juntos por el Perú planteamos claramente la modificación del capítulo económico. La pandemia desnudó las debilidades del Estado y necesitamos una mayor presencia, regulación real de los monopolios, soberanía de los recursos, revisión de las exoneraciones tributarias innecesarias, entre algunos aspectos.
El próximo gobierno tendrá bases débiles, sobre todo por la esencia caudillista de sus partidos políticos y deberá enfrentar con solvencia la crisis sanitaria, económica, política y social que vivimos. Se requerirá tender puentes para el diálogo y la concertación en una agenda mínima de respeto a derechos ciudadanos y para el logro de mejores condiciones de vida. Para ello, necesitamos urgentemente avanzar en construir colectividades políticas democráticas, que sean las correas de trasmisión de la relación de las autoridades con la ciudadanía.
