La inseguridad ciudadana se ha convertido, lamentablemente, es un tema que dominará la agenda de las próximas elecciones. Ante esta realidad, es inevitable voltear la mirada hacia experiencias exitosas, como la de El Salvador. A pesar de las diferencias geográficas, demográficas, económicas y políticas entre ambos países, existe un interés creciente por el Modelo Bukele que tiene tres pilares: El estado de excepción, respaldo legislativo, y fortalecimiento del componente militar y policial.
El Estado de Excepción, en ese país, prorrogado en múltiples ocasiones, se tradujo en la suspensión de derechos constitucionales, la ampliación de poderes para las fuerzas de seguridad, allanamientos masivos, modificaciones excepcionales de normas penales y procesales, y un estricto control sobre la información relacionada con las pandillas. Estas medidas permitieron una intervención contundente en zonas controladas por la criminalidad, desarticulando estructuras y recuperando el control territorial. La voluntad política, más allá de cualquier crítica internacional, fue el motor que impulsó esta fase inicial. En contraste, nuestro gobierno, parece estar siendo desbordado por la violencia urbana. La ausencia de una política o estrategia clara y articulada para enfrentar la inseguridad es más que notoria. Si bien se han declarado estados de emergencia en algunas zonas, estos carecen de la integralidad y la contundencia para generar un impacto sostenido. La ciudadanía clama por soluciones de fondo, más allá de los paliativos temporales que no han logrado devolver la tranquilidad a la población.
