Continuando con nuestro análisis sobre la seguridad ciudadana y el Modelo Bukele, en esta segunda entrega nos enfocaremos en el respaldo legislativo, un factor que resultó ser un engranaje crucial en la maquinaria salvadoreña para combatir la delincuencia. La estrategia de Bukele no solo se basó en el estado de excepción, sino que se cimentó en una hábil construcción de poder legislativo que le permitió moldear el marco legal a sus necesidades.
La obtención de una mayoría parlamentaria fue determinante. Con ello, pudo modificar la Constitución en una sola legislatura. Más allá de estas reestructuraciones, se logró la destitución de magistrados de la Sala Constitucional y del Fiscal General, eliminando así el control judicial sobre las acciones presidenciales. Asimismo, se modificó la ley para que jueces y fiscales se retiraran a los 60 años, lo que resultó en la salida de más de 200 funcionarios. Este control legislativo consolidó la capacidad del Ejecutivo para implementar su agenda de seguridad sin mayores contrapesos, incluyendo la declaración y prórroga del régimen de excepción.
Al voltear la mirada hacia nuestra realidad, el panorama es, lamentablemente, muy distinto. El Congreso, en lugar de ser un aliado estratégico en la lucha contra la inseguridad, a menudo parece operar de forma distante y desarticulada. La ausencia de una política coherente por parte del Ejecutivo genera que el Legislativo, en un intento por responder a la urgencia ciudadana, apruebe medidas que suelen ser aisladas, paliativas e incluso, en ocasiones, meramente populares, buscando una reacción inmediata de la opinión pública sin abordar la raíz del problema. La falta de una visión compartida y un trabajo conjunto debilita cualquier intento por construir una estrategia de seguridad ciudadana sólida y sostenible, dejando a la ciudadanía en una constante sensación de desprotección y frustración.
