Esta semana debe llevarse a cabo en el Pleno del Congreso la segunda votación de la llamada “ley mordaza”, que busca incrementar la pena por el delito de difamación, con que se elevaría a cuatro años y haría posible que un juez mande a cumplir cárcel efectiva a un periodista o comunicador, tal como ocurre en las peores dictaduras que son aplaudidas por nuestros legisladores de izquierda.

Durante el debate del jueves pasado en el Pleno, quedó claro que las bancadas de izquierda quieren ver presos a periodistas y comunicadores. En realidad, no se puede pedir mucho a esta gente que adora de rodillas a las tiranías de Cuba y Venezuela, y sueña con ver al Perú convertido en uno de esos países de terror.

Sin embargo, queda pedir al resto de bancadas que recapaciten, se den cuenta que la libertad de expresión es un indicador de democracia y que la ciudadanía tiene derecho a estar informada. Además, en el mundo entero la tendencia es despenalizar los delitos contra el honor, como es la difamación, y llevarlos al ámbito civil.

Las movidas antidemocráticas de congresistas castillistas y cerronistas no pueden pasar en un país democrático donde, se supone, se respetan las libertades y las autoridades están sujetas al escrutinio y fiscalización de los medios.