La reciente visita de una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) al Perú dejó una preocupación latente sobre el estado de la libertad de prensa en el país. No es para menos. Tras reiterados ataques a los medios de comunicación, el Gobierno de Dina Boluarte se encuentra en entredicho respecto a este principio fundamental de la democracia. La situación se agrava aún más con la renuencia de la mandataria a reunirse con los representantes de este organismo, una actitud que evidencia un desinterés por dialogar con quienes defienden el ejercicio periodístico libre e independiente.
El informe del Índice de Chapultepec, que ubica al Perú entre los siete últimos países en materia de libertad de expresión y prensa, confirma una preocupante tendencia. No resulta sorprendente, considerando que en varios de sus discursos, la presidenta ha desacreditado abiertamente la labor periodística y ha arremetido contra los medios de comunicación, descalificándolos de manera sistemática.
Todo indica que Dina Boluarte pretende que la libertad de prensa se adapta a sus deseos con el objetivo de mantenerse en el poder hasta 2026 sin mayores cuestionamientos. Se trata, sin duda, de una señal autoritaria que pone en riesgo el equilibrio de poderes en el país. Dado que el Congreso no ejerce un contrapeso efectivo y se ha convertido en una simple extensión del Ejecutivo, la prensa se ha erigido en el principal actor fiscalizador.
