Gustavo Petro y Dina Boluarte —quien hoy lo critica— han terminado compartiendo el mismo silogismo: “el arte político de redefinir lo permitido”.
En política, la realidad no siempre cambia por sí misma: muchas veces se modifica la forma de medirla o definirla. Dos ejemplos recientes lo muestran.
En Colombia, el presidente Petro sostiene que, si se legalizan o despenalizan ciertas conductas, el índice de criminalidad bajará. Estadísticamente, es cierto: si algo deja de ser delito, deja de contarse como crimen. Pero la pregunta inevitable es: ¿baja la criminalidad real o solo cambia su definición?
En Perú, la presidente Boluarte emitió —en abierta contraposición con la ley— una directiva que elimina el tope de valor de los regalos que puede recibir el/la presidente, siempre que provengan de “amigos”. No resuelve los riesgos de conflictos de interés, corrupción o clientelismo; más bien, desplaza los límites éticos. Y la ambigüedad de “amigo” abre la puerta a interpretaciones convenientes.
En ambos casos no cambia necesariamente la conducta de fondo, sino los criterios que definen lo que se considera delito o lo que se acepta como normal. En Colombia, se altera la medición de criminalidad; en Perú, se mueve la frontera de lo éticamente tolerable… ¿en beneficio de la corrupción?
Cambiar leyes y reglamentos puede ser legítimo. El problema surge cuando la finalidad no es resolver problemas reales, sino maquillar percepciones. La transparencia y el debate público son esenciales para evitar que la redefinición legal sea simple cosmética política.
Señora Boluarte, como diría la abuelita: consejo hasta de un conejo. Derogue la Directiva 04-25 y espere a dejar el cargo para recibir regalos. Ya fue suficiente con su aumento de sueldo del 125%.
