Hace algunos días, la Comisión de Ética del Congreso demostró una vez más la indiferencia que caracteriza a este poder del Estado. A pesar de la gravedad de la denuncia por una presunta violación sexual contra el congresista José Jerí, el grupo de trabajo parlamentario ni siquiera pudo debatir si investigaría o no al legislador de Somos Perú. La razón: la sala de sesiones estaba vacía, sin quórum.

Peor aún fueron las reacciones posteriores. Declaraciones como la del congresista Edwin Martínez, quien insinúo que la víctima era responsable al decir que “debía controlarse y no tomar tanto”, evidencian una cultura de revictimización y una total falta de sensibilidad ante un tema tan serio como la violencia sexual.

Este episodio no es aislado, sino una nueva demostración del modo en que el Congreso maneja situaciones críticas: con desdén, indiferencia y, sobre todo, con una clara tendencia a proteger a sus miembros. Ante hechos gravísimos, los parlamentarios prefieren mirar hacia otro lado en lugar de actuar con la responsabilidad que su cargo exige. El blindaje mutuo se ha convertido en su principal herramienta, un mecanismo que los identifica, los une y los fortalece.

Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en los parlamentarios. Los incurables somos también los ciudadanos, quienes en cada elección repetimos el error de elegir a una clase política que ha demostrado ser indigna de nuestra confianza. En 2026, es probable que volvamos a dejarnos seducir por sus promesas vacías, ignorando sus antecedentes y minimizando sus delitos.

Es momento de romper este ciclo. Solo un electorado más informado y exigente podrá generar el cambio que tanto necesita nuestro sistema político.