Mientras el país enfrenta graves crisis por la creciente inseguridad ciudadana, los devastadores incendios forestales y los casos de corrupción, el Congreso parece operar en un universo paralelo, aprovechando las circunstancias para seguir protegiendo a sus propios miembros. Un nuevo episodio de esta larga saga de impunidad se evidenció cuando, a pesar de que la Comisión de Ética había propuesto una suspensión de 120 días para los congresistas Juan Carlos Lizarzaburu y Jorge Flores Ancachi, la sanción final fue reducida a tan solo 30 días. A la congresista Katy Ugarte se le otorgó una “rebaja” similar, con una sanción también de 30 días.
Este patrón de indulgencia no es un hecho aislado, sino una constante que refleja el deterioro de la imagen del Parlamento y el desprecio por la ética. Los ciudadanos ven, una vez más, cómo el Congreso cierra filas para defender a legisladores que han actuado al margen de los valores que deberían representar. Esta vergonzosa defensa solo perpetúa la impunidad que ya ha calado profundamente en la clase política, contribuyendo a la desconfianza y el desencanto generalizado hacia las instituciones.
Un Parlamento que no es capaz de sancionar con firmeza a quienes transgreden los principios éticos es un Parlamento que no está a la altura de sus responsabilidades. Mientras el país sufre por otros problemas urgentes, los congresistas siguen demostrando que su prioridad es protegerse entre ellos, sin importar el costo para la democracia y la confianza ciudadana.
