El fracaso del Gobierno en la lucha contra la delincuencia es evidente. No solo no resolvió los graves problemas de la inseguridad ciudadana, sino los agravó. El episodio en el que la presidenta Boluarte -en una reunión del extinto Cuarto de Guerra- quedó en silencio casi un minuto por una falla en el teleprompter se convirtió en símbolo de una gestión paralizada, sin reflejos ni respuestas ante una crisis que demanda acción urgente.
En lugar de soluciones duraderas, se ha optado por parches momentáneos, que solo maquillan la inacción con fines mediáticos. La improvisación y el cortoplacismo han sido la norma, cuando lo que el país exige son políticas públicas coherentes, sostenidas y enfocadas en resultados reales. Debe ser por eso que el 86% de peruanos se siente inseguro en las calles, según la última encuesta de Datum. En tanto, el 80% de ciudadanos estima que el Gobierno no tiene estrategia para combatir a la criminalidad.
Es hora de que el Gobierno asuma con seriedad su rol y entienda que el combate contra la criminalidad no se gana con escenografía y propaganda, sino con estrategia, compromiso y trabajo efectivo.
Por otro lado, el Congreso también está en el pico más elevado de impopularidad por su poco apoyo en favor de la seguridad ciudadana. Los legisladores están más dedicados a salvar sus privilegios e intereses que a dar leyes efectivas contra la delincuencia. Por supuesto, la gente responde con contundencia. El 62% de peruanos, según Datum, estima que las últimas leyes del Parlamento han favorecido a la criminalidad. Por ello no es sorpresa que el 52% y el 47%, asegure que el Ejecutivo y el Legislativo, respectivamente, sean los culpables de la terrible ola de robos, extorsiones y asesinatos en el país.
