El SíseVe, diseñado para combatir la violencia y el acoso escolar, está incubando un problema ético y social alarmante: la condena laboral y social de los involucrados, incluso en casos de inocentes o conflictos menores.
Denuncias basadas en malentendidos o acusaciones sin pruebas concluyentes pueden derivar en un registro permanente que, una vez creado, no se puede borrar. En un país con sistemas digitales vulnerables, donde hackeos recientes han expuesto datos bancarios sensibles -entre otros muchos-, los registros del SíseVe podrían filtrarse y acabar en manos de empleadores, bancos o aseguradoras.
Imaginemos el impacto: un joven denunciado por un conflicto escolar menor descubre que años después esta información afecta su acceso a empleo o crédito. Este “antecedente penal escolar” podría convertirse en un estigma imposible de borrar, transformando un sistema de protección en un arma de exclusión.
Además, el SíseVe podría ser usado como criterio de admisión en instituciones educativas o para evaluar perfiles de riesgo laboral o financiero. Esto plantea serias preguntas éticas: ¿es justo que errores, trasgresiones o acusaciones descontextualizadas de la niñez y adolescencia sigan pesando en la adultez?
El sistema necesita urgentemente ser desactivado hasta encontrar otra fórmula que permita un manejo más constructivo de los conflictos entre alumnos, dando más espacio a los abordajes intra-escolares. Las ocurrencias de la vida escolar no deberían condenar a nadie al aislamiento social y laboral. Un sistema que busca proteger no puede ser verdugo de los jóvenes que pretende salvar.
