A Castillo no le queda otro camino que cerrar el Congreso y convocar a una Asamblea Constituyente si quiere sobrevivir y evitar la prisión en el corto tiempo. Las serias acusaciones de corrupción, el debilitamiento de la institucionalidad democrática y la temeraria interpretación unilateral sobre la inexistente denegación de confianza al gabinete Torres son elementos suficientes que marcan su sombrío destino político y penal.

El daño causado por Castillo no solo se limita al ámbito político, sino que también se extiende al sector económico de la población. Al respecto, es importante recalcar que la población de menores recursos sufre incluso el doble con la situación actual. Y es que la gestión gubernamental es simplemente desastrosa. Para ilustrar este hecho, tenemos el dato de que el gobierno solo ha ejecutado el 75% del presupuesto para el año 2022, es decir, no ha gastado alrededor de 60 000 millones de soles del presupuesto establecido para el presente año. Con ese dinero se hubiera podido construir un sistema de tren entre Lima-Piura o Lima-Tacna, o se hubiera podido construir un hospital de alto nivel en condiciones para estar en funcionamiento por cinco años en cada región del país.

Es por eso que la única manera de que Castillo se salve es que liquide al Congreso fiscalizador, nos meta a todos a una Constituyente, controle el sistema electoral y elimine todas las amenazas contra él. Esto implicaría cambiar la Fiscalía de la Nación, eliminar el Tribunal Constitucional, desaparecer a la Junta Nacional de Justicia, reestructurar el Poder Judicial, copar el 100% de las FF.AA. y PNP, crear su propia policía urbana y rural, y la lista sigue.

Pedro Castillo está quemando todos los puentes posibles para un retorno a la institucionalidad y gobernabilidad democrática. Está en manos del Congreso y de los demócratas actuar con prudencia, porque el plan de Castillo ya está en marcha y para él no hay vuelta atrás.

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