Ayer, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó el informe de la fujimorista Nilza Chacón, que recomienda archivar la denuncia constitucional presentada por el exfiscal de la nación Juan Villena contra la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex. Aunque el informe –aprobado por diez votos a favor, seis en contra y dos abstenciones– se ampara en el artículo 117 de la Constitución, que limita los delitos por los que un presidente puede ser acusado durante su mandato, su argumento legal parece más una excusa que una convicción. Todo pareciera indicar que esta decisión responde a un cálculo político más que a una defensa del orden constitucional. Sin embargo, más allá de la parte formal, no olvidemos las versiones contradictorias, casi ridículas, que ofrecieron la mandataria y su entorno para explicar el origen de los lujosos relojes que no están al alcance del ciudadano común. Vimos a Boluarte mentir sin pudor, afirmando primero que eran “fruto de su esfuerzo” para luego, presionada por las evidencias, terminar confesando que se trataban de un “préstamo de su waiky, su amigo”, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Eso, la calle no lo olvida. Ahora el informe pasará al Pleno para su debate y votación. Pero, tras lo ocurrido en la SAC, todo apunta a quela jefa de Estado saldrá bien librada.
