Mahatma Gandhi señalaba que para ordenar el caos, el mejor y más veloz método era el de implantar la “ley del pueblo” en lugar de “la ley de la turba”, y no le faltaba razón. Lima vivió el pasado 19 de enero, un día de gran convulsión: Hacia el final de la tarde, una turba confusa y desordenada de vándalos desató la violencia en algunas calles de la ciudad, enfrentó y agredió a la policía e intentó asaltar las sedes de algunas entidades públicas de la capital.

Lo vivido no fue el corolario de una jornada de “protesta pacífica” como la que se inició en horas de la mañana: fue vandalismo puro y duro, daño y destrucción deliberada, subversión, que violó el orden y la ley. Se trató claramente de una macabra maniobra política para generar violencia, caos e intentar traer abajo un gobierno constitucional que, guste o no, llegó al poder por el tracto constitucional.

Muchos juristas destacados señalan que es inevitable que existan “fronteras” entre el ejercicio de derechos fundamentales, como el de la libre reunión y el derecho de expresión, y la comisión de delitos y que son, precisamente, estos límites enmarcados en la ley, los que deben ser estudiados para identificar, calificar y sancionar la violencia delictiva.

Nuestra constitución señala claramente que nadie debe obediencia a un gobierno “usurpador” o a quienes asuman las funciones públicas en “violación” de la Constitución. La población civil tendría, en ese escenario, derecho a la “insurgencia” en defensa del orden constitucional, cosa que no ha ocurrido en nuestro país; Así, las fuerzas del orden, encargadas de mantener y restablecer el orden interno y garantizar la paz de la población, actúan, y actuaron en esta noche de subversión, conforme al mandato constitucional.

Enfrentar y agredir a la Policía Nacional, apedrearlos, atacarlos con armas artesanales o de otro tipo, dañar o quemar propiedades públicas o privadas, no constituyen parte del derecho de protesta, constituyen delitos que tienen consecuencias para sus actores. Eludir las responsabilidades parece sencillo, pero no es sencillo eludir las consecuencias de nuestros actos. La turba no impondrá su violencia a más de 33 millones de peruanos que queremos vivir, amparados en el orden y la ley, en paz