La presidenta Dina Boluarte ha expuesto, con razón, el extraño privilegio que rodea a Susana Villarán, exalcaldesa de Lima, que un 12 de mayo de 2019 batió un récord al reconocer que siempre estuvo al tanto de las coimas de Odebrecht y OAS en las campañas por el No a la Revocatoria, en 2013, y de reelección en 2014. Es un caso inédito porque nadie en el país hizo una confesión de semejante magnitud y hay muy pocas referencias de algo similar en el extranjero. De todos los casos emblemáticos de Lava Jato, resulta que el de Villarán es el único que no está en fase de juicio oral. El auto de enjuiciamiento, es decir, la decisión del juez para que el caso ingrese a esa fase final y decisiva, se determinó el 5 de noviembre del año pasado. Tras dos meses, no hay fecha de inicio para el juicio oral y la presidenta del PJ, Janet Tello, en respuesta a Boluarte, le ha tirado la pelota al Congreso, al afirmar que la ley 32130, emitida por el Parlamento, ha retrasado todo. En efecto, la referida norma, vigente desde el 9 de octubre de 2024, faculta al investigado a recurrir (apelar) un auto de enjuiciamiento -figura que antes no existía- con lo cual le facilita al crimen una nueva carga de explosivos. Como era de esperarse, algunos implicados en el caso de Villarán han recurrido a esta figura y ahora no hay cuándo pueda resolverse. No obstante, bien haría el PJ en no tomarse meses y entender que la premura es un criterio que debería ser inherente a la justicia. Aunque a Villarán ya le tumbaron la piscina en la que nadaba cada verano, eso no significa que no esté disfrutando el periodo estival de Lurín. Si el PJ quiere evitar que esto siga siendo una burla para los limeños, para la moral pública y la propia justicia, no basta con echar culpas y lavarse las manos: Debe alejar los sospechosos indicios de un favoritismo en un caso que se inició en 2017.
