Más allá de quién esté al frente de la Mesa Directiva que inicie funciones a finales de este mes, una responsabilidad que no muchos quieren asumir porque va a ser difícil tentar la reelección mientras se es la cara visible de un Congreso tan desprestigiado, queda claro que desde el primer día las nuevas autoridades van a tener que adoptar medidas urgente como volver a la presencialidad absoluta en plenos y comisiones, y desmontar la “agencia de empleos” que ha puesto a funcionar Alianza para el Progreso (APP) desde hace dos años.
Sobre el primer punto, es indignante que todos los peruanos seamos testigos de sesiones del Congreso, sea plenos y trabajo en comisiones, en que los escaños y las sillas están vacías, porque se mantiene vigente el trabajo remoto que tuvo sentido durante la pandemia de COVID-19, pero que cinco años después es una verdadera vergüenza y una muestra de la decadencia del actual Poder Legislativo plagado de delincuentes, pillos y comechados que encima han aprobado su reelección.
Mientras la mayoría de peruanos pasa dos o tres horas camino al trabajo, quizá hasta colgados en el estribo de un micro destartalado que nadie sabe cómo ha pasado la revisión técnica, los congresistas sesionan y votan desde casa, muchas veces sin saber de qué se trata la convocatoria. Esto pudo ser dejado sin efecto desde hace por lo menos dos años, con el fin de la pandemia, pero ha seguido en las gestiones de los apepistas Alejandro Soto y Eduardo Salhuana.
Esto tiene que acabar ya. De otro lado, el nuevo presidente y su mesa están en la obligación de terminar con el reinado de APP, que en los últimos dos años ha convertido al Congreso en la agencia de empleos para los militantes y amigos. Por ejemplo, en el acto tiene que ser desactivado el llamado Centro de Modalidades Formativas, manejado por Yessenia Lozano, la “hija política” de César Acuña, quien bien podría darle trabajo a su ahijada en una de sus empresas.
Pero el problema no solo está allí, sino también en las diversas dependencia del Poder Legislativo que han sido tomadas por esta agrupación. Recordemos a Jorge Luis Torres Saravia, quien era el jefe de la Oficina Legal y Constitucional, pese a haber sido acusado de violación sexual. Era hombre del partido de los Acuña. Han sido dos años de hegemonía de APP en que han hecho lo que han querido, por lo que urge desmontar todas esas irregularidades que lindan con el delito.