El de ayer ha sido otro día de terror para el expresidente Martín Vizcarra, pues los propios corruptores han admitido ante el Poder Judicial, en audiencia pública, que entregaron dinero en efectivo al investigado para ejecutar obras en Moquegua, lo que calza con lo manifestado la semana pasada por el exministro José Manuel Hernández, quien hizo de intermediario en estos pagos al margen de la ley.
Fernando Castillo, ex gerente general de la constructora ICCSA, ha ratificado que en una de las entregas en la casa de Hernández, entregó a Vizcarra 60 mil dólares que se guardó en los bolsillos de su saco, esto a cambio de no tener objeciones para llevar a cabo la obra del Hospital de Moquegua. Rafael Granados, gerente comercial de la misma compañía, ha ratificado esta versión que pone contra las cuerdas al “lagarto”.
Con esto, es muy estrecho el margen que queda a Vizcarra para seguir alegando inocencia y afirmar que es víctima de un complot. ¿Por qué un grupo de empresario y Hernández tendrían que haber armado toda una historia falsa?, ¿solo porque un día se levantaron y se propusieron hundir, de la nada, a quien fue gobernador regional de Moquegua y más tarde jefe de Estado?
En lugar de estar prestando atención a los risibles argumentos de defensa en contra de las confesiones de los corruptores y su intermediario, las autoridades deberían ir tomando medidas para evitar la evasión de un personaje que hace años debió hacerse acreedor al menos a prisión preventiva. ¿O es que nadie se atreve a tocar al “lagarto”?
