La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de dejar en libertad a la golpista Betssy Chávez es sin duda un jalón de orejas al Ministerio Público y al Poder Judicial, especialmente al primero, por no haber hecho bien su trabajo de pedir a tiempo la ampliación de prisión preventiva de la socia de Pedro Castillo y Aníbal Torres en la aventura delictiva de cerrar el Congreso y adueñarse del sistema de justicia en ese oscuro mediodía para la democracia del 7 de diciembre de 2022.
El máximo intérprete de la Carta Magna ha indicado que Chávez estuvo injustamente detenida luego que se cumplieron los primeros 18 meses de prisión preventiva el diciembre del 2024, pues la fiscal Galinka Meza hizo el pedido de ampliación un día antes de que se venciera el primer mandato de arresto preventivo. ¿Fue acaso a propósito? Parecería, pues está claro que de un día para el otro no se iba a resolver la solicitud, pues el Poder Judicial debía convocar a audiencia y tomarse su tiempo para resolver.
Ahora Chávez podrá volver a la calle y quién sabe si hoy por la tarde se presentará a la audiencia en que nuevamente se pedirá su prisión preventiva en espera de su sentencia. Recordemos que el día del quiebre constitucional, ella tuvo la intención de esconderse –al igual que el cabecilla de la asonada–, en la Embajada de México, país que en ese entonces y ahora se ha convertido en defensor internacional de quienes “en nombre del pueblo” trataron de traerse abajo el orden democrático en el Perú.
Lo que estamos viendo es nauseabundo y debería merecer la máxima sanción de los órganos de control a quienes han permitido la salida de la golpista, que en los últimos días ha estado quejándose de las condiciones de su prisión, a pesar que una conocida ONG de “derechos humanos” afín a su ideología, indicó que la expremier gozaba de comodidades en su celda y que incluso contaba con atención médica. Era un caso emblemático y se debió ser riguroso a fin de no dejar espacio a una decisión controversial como la que tomado dado el TC.
Irónico que en medio de todo este desmadre, el Ministerio Público a cargo de Delia Espinoza tenga cara para pedir más presupuesto. ¿Para soltar más corruptos?, ¿para una institución a la que se le está cayendo de la manos el Caso Cocteles porque no tiene ni pies ni cabeza?, ¿a la entidad que por alguna “extraña razón” no pidió con tiempo la permanencia en la cárcel de Chávez? Es urgente una reforma integral del sistema de justicia, que debería empezar con la salida definitiva de quienes hoy están al frente.
