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La semana pasada reseñaba los aspectos más importantes del informe hecho por la expresidenta Michelle Bachelet sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Hoy quiero complementarlo, comentando algunas omisiones relevantes del documento elaborado por la actual alta comisionada para los DD.HH. de la ONU. Para ello, tomo como base un excelente análisis realizado por Ramiro Arias de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).

El documento identifica varios temas no contemplados. Entre ellos, que el informe no aborda en su totalidad las diferentes causas de la crisis humanitaria venezolana, ni tampoco detalla la estructura de corrupción generalizada que se vive en dicho país. Asimismo, también omite mencionar de manera clara la captura política del sistema judicial hecha desde la cúpula del poder dictatorial, y no brinda recomendaciones precisas para revertir esta situación.

De otro lado, advierte que el informe no llega a identificar “patrones generalizados y políticas sistemáticas”, pese a que analizó información sobre muchísimos casos de graves violaciones a los derechos humanos. Por ello es que lo termina calificando como “tibio en tipificar la naturaleza y atribuir responsabilidad por los crímenes cometidos”.

Estas consideraciones son importantes, pues evidencian que pese al esfuerzo realizado, el informe no fue lo suficientemente claro en identificar la cruda realidad venezolana. Por tanto, resulta incomprensible cómo algunos políticos locales prochavistas tratan de minimizar sus conclusiones o inclusive han llegado al extremo de señalar que la pobreza venezolana “es envidiable” y que se irían a vivir a dicho país. Ojalá cumplan pronto su deseo.

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