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No es casual que en tres de las seis bancadas del Congreso se escuche hace semanas y de manera consistente el eco de tambores que retumban mensajes de fugas. Juntas, estas tres bancadas suman nada menos que 111 legisladores, el 85% del Poder Legislativo. Es obvio entonces que hay un grave problema en la Ley de Partidos y es más que evidente que es imperioso resolverlo. El tema es oportuno, pues para la reforma política que requiere el país existe una subcomisión especial presidida por Patricia Donayre y que urge no solo de una Ley Antitransfuguismo que castigue las diásporas surgidas muchas veces desde los desórdenes hormonales, el exceso de protagonismo, el engreimiento o los celos, sino de un sistema que consolide a los grupos políticos, los cohesione en base

a principios y programas, y haga que se comporten como tales, es decir, como partidos. La nueva ley tendría que abundar en exigencias que lleven a estos grupos, sin excusas ni pretextos, a ser centros de formación doctrinaria y política orientados a su principal papel, que es el de prepararse para la gestión pública con el objetivo de ser gobierno. En ese escenario, la ideología es el vínculo genuino y el alma de su convivencia. Ahora, tal como está la legislación, seguirán proliferando las Vilcatoma, los Arana y los Lombardi, amenazantes y hostiles, pues entre ellos y el partido que los cobija hay solo unas tratativas de última hora, algunos aportes y una tarjeta de invitación. Una alianza efímera y de papel. 

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