El gran desafío al que se enfrenta el Gobierno en estos momentos es el de encontrar la fórmula que permita al país contener el coronavirus y al mismo tiempo reactivar su economía. El trabajo es arduo y de absoluto compromiso, pero todo se ensombrece con los presuntos hechos de corrupción en la compra de equipamientos de protección en la Policía Nacional del Perú y los constantes cambios en la cúpula de esta institución. Si a esto agregamos, la citación de la Fiscalía Anticorrupción al actual ministro del Interior, el año pasado, por el caso de “Los Intocables ediles” y los problemas del ministro de Justicia en la crisis penitenciaria, la situación se vuelve compleja en el Ejecutivo.

Es evidente que el tema central del debate en estos momentos debe estar enfocado en relación a las medidas que deberán adoptarse para revertir la crisis sanitaria por la pandemia y además ejecutar un plan para iniciar la reactivación de la economía. Sin embargo, los casos arriba señalados y otros más generan desconfianza. La alta sensibilidad de los peruanos ante las irregularidades del Gobierno y otras instituciones produce incertidumbre y esto termina por agudizar cualquier problema. En tales circunstancias, se debe establecer un mayor compromiso, algo que tiene que ver fundamentalmente con la honestidad, transparencia y eficacia.